El Poder Legislativo podría realizar una serie de recortes al presupuesto nacional para el próximo año. La proyección enviada por el Gobierno actualmente asciende a los ¢7,5 billones de colones, financiada con ¢4,2 billones (53%) de ingresos corrientes y ¢3.7 billones (47%) de colocación bruta (endeudamiento). Se trata entonces del aumento porcentual más importante desde el 2010: un 18,9% más que el presupuesto autorizado para el 2014.
Ese notorio crecimiento ha sido foco de toda clase de críticas, razón por la cual, partir de un análisis de los cambios propuesto en el actual presupuesto respecto al aprobado el año pasado, resulta necesario para comprender el fundamento de dichos señalamientos. Pero antes se debe tener presente el carácter inflexible del presupuesto, debido a que la mayoría de rubros ya vienen determinados: cerca del 95% del mismo se destina a gastos que están establecidos por mandato legal (54%) o constitucional (33%), al tiempo que el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda establece un crecimiento de casi el 48,2% para el pago de amortizaciones de deuda externa. Esto es como una camisa de fuerza donde tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deberían verse obligados a destinar el grueso de los fondos a programas o instituciones determinadas.
Cerca del 95% del presupuesto se destina a gastos que están establecidos por mandato legal o constitucional (...)
Esto es como una camisa de fuerza.
El plan presupuestario formulado por el Poder Ejecutivo está dirigido a cumplir los objetivos previstos en su Plan de Gobierno y esto se ve reflejado en los recortes a gastos no esenciales. Por ejemplo, por concepto de gastos en transporte de bienes, publicidad y propaganda se registran decrecimientos (respecto del 2014) del 14,1%, 18,7% y 37,7% respectivamente; los alquileres en el 2014 registraron un crecimiento del 36,4% (respecto al 2013), mientras que para el 2015 se tiene presupuestado un crecimiento de apenas el 16,7% (respecto al 2014); al tiempo que recortes en rubros tales como viajes al exterior, capacitaciones, entre otros de la misma naturaleza, ascienden a los ¢12.210 millones.
En términos generales, el plan presupuestario formulado por el Poder Ejecutivo está dirigido a cumplir los objetivos previstos en su Plan de Gobierno y esto se ve reflejado en los recortes a gastos no esenciales (superfluos) que si bien son rubros revisables y recortables, no representan el grueso del paquete presupuestario. Por ejemplo, por concepto de gastos en transporte de bienes, publicidad y propaganda se registran decrecimientos (respecto del 2014) del 14,1%, 18,7% y 37,7% respectivamente; los alquileres en el 2014 registraron un crecimiento del 36,4% (respecto al 2013), mientras que para el 2015 se tiene presupuestado un crecimiento de apenas el 16,7% (respecto al 2014); y los recortes en rubros tales como viajes al exterior, capacitaciones, entre otros de la misma naturaleza, ascienden a los ¢12.210 millones. Si bien se trata de gastos revisables y recortables, no representan el grueso del paquete presupuesto.
Por otra parte, en cuanto a incrementos se dio un aumento de 71,2% en rubros sociales, 20% en servicios públicos generales y 8,8% en servicios económicos respecto al presupuesto 2014. Sobre el primero de esos rubros, que incluye vivienda, salud, cultura, educación y protección social, cabe destacar que mientras en el 2014 se registró una tasa de crecimiento del 9,5% (respecto al 2013), la propuesta para 2015 supondría un crecimiento del 12,7% (respecto al 2014). Estos rubros sociales son el principal foco de críticas y explican el aumento del 18,9% del global del presupuesto en relación al enviado hace un año al legislativo.
No obstante, otros rubros no han sufrido mayor cambio en la propuesta, como sucede con las dádivas que se transfieren a las arcas de la Conferencia Episcopal y a algunas Iglesia Evangélicas y el mencionado porcentaje atado a mandato legal. Un ejemplo es esto son los vehículos de uso discrecional y con chofer de los señores Magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo de Elecciones.
La serie de críticas al presupuesto que Ottón Solís y los partidos de oposición han exigido deben revisarse entre líneas y enmarcarse en su justa dimensión. No es en el exceso de carros o en las anualidades que se encontrará el origen de los problemas presupuestarios fundamentales de Costa Rica. La solución tampoco radica en la mera sujeción del presupuesto al servicio de los organismos calificadores externos (la Moody's).
No es en el exceso de carros o en las anualidades que se encontrará el origen de los problemas presupuestarios fundamentales de Costa Rica. La solución tampoco radica en la mera sujeción del presupuesto al servicio de los organismos calificadores externos.
Así que en el contexto del cambio de Gobierno y el reacomodo de fuerzas políticas, se debe discutir la pertinencia de varios rubros, como la transferencia de ¢1.050 millones a la entidad privada Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), liderada por políticos liberacionistas. Esto es fundamental, por cuanto el de no aprobarse el plan presupuestario, regiría el presupuesto enviado al plenario el año anterior por Liberación Nacional. Una excesiva aplicación de tijera en materia presupuestaria, más allá de lo responsable, tendría implicaciones terribles para los programas sociales y de las funciones normales del Estado costarricense o bien, una afectación significativa de los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector público.