La propuesta destina a la deuda adelantada el 50% del aporte al que tienen derecho los partidos políticos, donde una parte será de recursos no reembolsables administrados por el Tribunal Supremo de Elecciones y repartidos equitativamente a través de espacios en medios televisivos, radiales y prensa escrita y la otra parte sea entregada a los partidos políticos. Por otro lado propone que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda constituir fideicomisos con cualquiera de los bancos del Estado para administrar el financiamiento adelantado de los partidos políticos.