Se trata de un Protocolo Internacional relacionado con los derechos humanos económicos, sociales y culturales. El Protocolo establece un procedimiento para quejas o peticiones, un mecanismo que permite a un Estado parte presentar comunicaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denunciando que otro Estado Parte no ha cumplido sus obligaciones y un mecanismo optativo de investigación que permite al Comité iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales.